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06 Jun 2014
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La información pública en manos del ciudadano

El acceso a la información pública como un derecho

Es frecuente buscar información pública y encontrar frustración porque no se encuentra disponible. O solicitar información ante una entidad pública y recibir las repuestas amplias que no necesariamente conducen a dar con los datos o los documentos que se requieren. Pues esta viacrucis de las personas empezará a cambiar al ser declarado como un derecho -que debe ser garantizado por el Estado- el acceso a la información pública.

La ley de acceso

La Ley 1712 expedida el 6 de marzo de 2014 en la República de Colombia, “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones", plantea para el país una profunda transformación en la manera como se garantiza y se regula dicho derecho por los ciudadanos.

En esta ley se consagran como sujetos de aplicación a todas las personas que custodian información pública y se les da el mandato de cumplir con los principios que son significativos: el principio de máxima publicidad, de transparencia, de buena fe, de facilitación, de no discriminación, de gratuidad, de celeridad, de eficacia, de divulgación proactiva y de responsabilidad en el uso. Esos principios determinan un marco de referencia de cómo se debe afrontar la tarea de proteger la información pública.

La diferenciación entre información pública, información pública reservada e información pública clasificada permite dar claridad a los sujetos obligados para salvaguardar aquella información que pueda afectar la privacidad de las personas o afectar los intereses del Estado.

El gobierno al servicio de los ciudadanos

Para implementar estas disposiciones, se hace necesario fomentar e instrumentar la capacidad de servicio que las entidades estatales y, en general, todos los sujetos obligados deben poseer para garantizar el acceso a la información pública. Una administración que habilite al ciudadano para ejercer el derecho a estar informado, contribuirá al desarrollo de una sociedad en la que los individuos puedan tomar decisiones basadas en criterios objetivos y en la que los recursos se puedan orientar a las inversiones más prioritarias.

El desarrollo de las sociedades está fuertemente relacionado con el empoderamiento de los individuos para decidir democráticamente y un factor habilitador es la garantía del derecho del acceso a la información pública.

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